Las personas físicas que tributan en el Régimen de Plataformas Digitales cuyos ingresos no superen los $300,000 anuales y no obtengan ingresos adicionales a salarios o intereses, son elegibles para tributar en la modalidad de “pagos definitivos”. Esta modalidad debe ejercerse a más tardar a los 30 días de percibir el primer ingreso en este régimen, y debe hacerse presentando un aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Bajo esta modalidad el contribuyente considera como pago definitivo de sus impuestos las retenciones que le efectúa la plataforma digital. En este entendido, las personas físicas quedan eximidas de presentar pagos provisionales y declaración anual, precisamente porque su impuesto ya se considera pagado.
El único caso en que estas personas deben realizar pagos mensuales es en aquellos en que perciban ingresos directamente de sus clientes; es decir, ingresos que no pasen por la plataforma, de manera que esta no tiene los medios para efectuar la retención. En estos casos las personas físicas deben pagar el impuesto correspondiente a esos ingresos directos de sus clientes, en el mes en que los percibieron, sin ser necesario que presenten declaración anual.
Ahora bien, esto no debe entenderse en el sentido de que estos contribuyentes no deban presentar declaración anual por otros ingresos que puedan percibir, pues si se ubican en el supuesto de percepción de otros ingresos por los que deben presentar declaración, o inclusive en el caso en que ellos opten por presentar su declaración, deberán presentarla, pero teniendo en mente que no deben considerar, en el total de sus ingresos, aquellos que tributan en el Régimen de Plataformas Digitales, precisamente porque dichos ingresos ya pagaron impuesto.
Por lo anterior, estos contribuyentes deben revisar si son sujetos de presentación de declaración anual del ejercicio 2023 por otros ingresos que hubieran obtenido en el año, o bien, por así convenir a sus intereses y, en todo caso, considerar que no deben incluir sus ingresos por plataformas digitales.
Con el inicio de la presentación de las declaraciones anuales de personas físicas por el ejercicio 2023, los contribuyentes que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) han reportado la falta de reconocimiento de ingresos obtenidos en el ejercicio, provocando que la declaración no pueda ser presentada correctamente, pues no se consideran todos los ingresos obtenidos en el ejercicio.
Se ha detectado que una de las posibles causas de este problema consiste en que la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para la presentación de la declaración anual no está considerando las siguientes facturas emitidas en el periodo referido:
Esta última, sin importar que el contribuyente haya emitido correctamente los complementos para recepción de pagos; es decir, hoy todo parece indicar que el sistema del SAT no está registrando los complementos referidos, y solo las facturas de las operaciones en versión 4.0.
Salvo que el SAT solucione esta situación de origen, para lo cual habría que esperar a ello, los contribuyentes pueden presentar su declaración incluyendo el monto de los ingresos que no están considerados, en el campo “ingresos no considerados en el prellenado”.
Será conveniente que cada contribuyente revise su situación particular, y haga una conciliación de los ingresos omitidos en la plataforma contra los CFDI referidos en este análisis, de manera que pueda corroborar que, en efecto, son los comprobantes mencionados los que están ocasionando esta situación. De esta manera el contribuyente podrá tomar la decisión y plan de acción que estime conveniente.
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) ha identificado una preocupación entre las personas físicas dedicadas a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras (AGAPES) que tributan bajo el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Dicha preocupación surge de la interpretación de las reglas 3.13.26 y 3.13.28 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2024, generando incertidumbre jurídica sobre sus obligaciones fiscales.
Según el artículo 113-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR), los ingresos de hasta $900,000.00 provenientes exclusivamente de actividades AGAPES están exentos del impuesto sobre la renta (ISR). En caso de superar este monto, los contribuyentes deben tributar conforme al RESICO, pagando ISR desde la declaración mensual correspondiente al mes en que se exceda el límite, conforme a las reglas establecidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La interpretación armónica del artículo 113-E en relación con ambas reglas mencionadas sugiere que la regla 3.13.28 proporciona una facilidad administrativa opcional. Esta facilidad permite a los contribuyentes AGAPES, cuyos ingresos superen $900,000.00 pero no $3’500,000.00, optar por no presentar declaraciones mensuales si cumplen con la emisión de CFDI por las actividades que realicen. PRODECON aclara que aquellos contribuyentes AGAPES que elijan esta opción administrativa y emitan los CFDI correspondientes, no estarán obligados a presentar las declaraciones mensuales, siempre y cuando no excedan el límite de ingresos establecido de $3’500,000.00. Esta medida busca facilitar el cumplimiento fiscal y reducir la carga administrativa para los contribuyentes del sector AGAPES que operan dentro de estos parámetros de ingresos.
La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, la llamada Reforma a la Ley de Amparo y ahora está en manos del Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
A detalle, el dictamen reforma los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo y la Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política, en materia de suspensión del acto reclamado e inconstitucionalidad de normas generales.
De acuerdo con un comunicado de la Cámara de Diputados se reservó la denominación del proyecto de decreto, proemio, metodología, antecedentes, contenido y objeto de la minuta, consideraciones y texto normativo del dictamen, a los artículos 129, 148 y único transitorio, así como a la leyenda: “Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 23 días del mes de abril de 2024”.
Con lo remitido al Ejecutivo, se adiciona un último párrafo al artículo 148 un para delimitar los efectos de la suspensión, al establecer que “tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales”.
En el artículo 129 se eliminó el último párrafo que dice “el órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social”.
Derivado de lo anterior, esta reforma destaca que el juicio de amparo no debe ser utilizado como un mecanismo que limite el actuar y la función de un Poder constituido en detrimento de otro.
Conforme al principio de relatividad de las sentencias de amparo, el resultado de las sentencias solo tendrá efectos para la persona o personas que promovieran el juicio y en relación con los actos reclamados en él en consecuencia. Aquellos individuos que no participan como quejosos en la demanda de amparo no serán protegidos por la decisión del órgano jurisdiccional con relación a la inconstitucionalidad.
En ese orden de ideas, las suspensiones provisionales o definitivas, entendidas como un estudio previo en el que se considera la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, solo deben tener efectos para la parte quejosa, es decir la persona que acude a la instancia del amparo. Esta no debe tener efectos generales. El juicio de amparo parte de la contradicción entre las partes y la norma que se le aplica, que únicamente afecta de manera jurídica a las personas que llegan a esta instancia.
Existen ciertas opiniones jurídicas contenidas en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de los Tribunales Colegiados de Circuito que por su novedad o relevancia son dadas a conocer al público para que sean invocados y sirvan de guía (obligatoria u orientativa) para otros juzgadores en la resolución de asuntos similares. A dichos criterios se les conocen como tesis y jurisprudencias.
Aunque no existe un concepto legal de tesis y jurisprudencias, el artículo 94 constitucional, al referirse a esta figura indica a la letra lo siguiente:
Artículo 94.- (…) La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del Poder Judicial de la Federación (PJF) sobre la interpretación de la constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción.
Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos, y por las Salas, por mayoría de cuatro votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades.
Por su parte, el criterio de rubro: JURISPRUDENCIA. CONCEPTO, CLASES Y FINES, con registro digital: 183029, define a la jurisprudencia como:
(….) es la interpretación de la ley, de observancia obligatoria, que emana de las ejecutorias que pronuncia la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno o en Salas, y por los Tribunales Colegiados de Circuito. Doctrinariamente la Jurisprudencia puede ser confirmatoria de la ley, supletoria e interpretativa. Mediante la primera, las sentencias ratifican lo preceptuado por la ley; la supletoria colma los vacíos de la ley, creando una norma que la complementa; mientras que la interpretativa explica el sentido del precepto legal y pone de manifiesto el pensamiento del legislador.
La Jurisprudencia interpretativa está contemplada en el artículo 14 de la Constitución Federal, en tanto previene que en los juicios del orden civil la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley; y la Jurisprudencia tiene una función reguladora consistente en mantener la exacta observancia de la ley y unificar su interpretación, y como tal, es decir, en tanto constituye la interpretación de la ley, la Jurisprudencia será válida mientras esté vigente la norma que interpreta.
Así, se puede concluir que los términos tesis y jurisprudencia se refieren a aquellas decisiones o criterios contenidos en las sentencias de la SCJN, los plenos regionales o los tribunales colegiados de circuito que pueden: ratificar lo preceptuado en la ley, colmar los vacíos de la norma, o explicar el sentido de un precepto legal.
La diferencia entre jurisprudencia y tesis radica en su obligatoriedad, pues mientras la primera es de observancia obligatoria para los tribunales que jerárquicamente se encuentran subordinados a aquel que la emitió, la segunda, al no llegar a ser
jurisprudencia, se limita a tener una función de orientación para los juzgadores.
Para entender el sistema de formación de la jurisprudencia, primero es importante conocer la estructura del PJF, la cual se encuentra regulada en el artículo 94 constitucional, donde se establece que el ejercicio de ese poder se deposita en una SCJN, en un Tribunal Electoral, plenos regionales, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación y en juzgados de distrito.
A la fecha, los órganos competentes para emitir jurisprudencia son los siguientes:
Tratándose de los juzgados de distrito, o los tribunales colegiados de apelación, si bien pueden hacer interpretación de la ley al resolver los juicios de amparo, sus decisiones no forman tesis aisladas o jurisprudenciales, pudiendo ser modificadas o revocadas por su superior jerárquico.
Existen distintos sistemas legales para la conformación de la jurisprudencia, variando los procedimientos y requisitos para tal efecto; al respecto, el numeral 215 de la Ley de Amparo (LA) señala que la jurisprudencia se establece por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción.
Es el primer sistema de formación de la jurisprudencia cuyo origen se remonta a la Ley de Amparo de 1882. Hasta antes de la reforma del 7 de junio de 2021, la jurisprudencia por reiteración podía ser creada por la SCJN (actuando en pleno o en salas) y por los tribunales colegiados de circuito.
Actualmente, esta clase de jurisprudencia únicamente se establece por los tribunales colegiados de circuito, cuando se sustente, por unanimidad, un mismo criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, según lo indica el dispositivo 224 de la LA.
Esta forma de creación surge cuando los órganos jurisdiccionales emiten dos criterios diferentes respecto a un mismo asunto y un superior jerárquico determina cuál es el que debe prevalecer con el carácter obligatorio.
El artículo 225 de la LA, dispone que la jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la SCJN, entre los plenos regionales o entre los tribunales colegiados de circuito.
Sobre quién es el órgano que resuelve las contradicciones de tesis, el precepto 226 del mismo ordenamiento, indica que serán resueltas por:
México
Av. Paseo de la Reforma 560 - Int. 30, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo,Ciudad de México, C.P. 11000.
Tel:+52 (55) 9419-0097
Colombia
Calle 120 A Nº 7-62 / 68, Oficina 403, Edificio CEI III, Usaquén.
Tel:031 3828287 / 3828284 / 3828283
Panamá
Calle 65 Este, San Francisco, Ciudad de Panamá
Tel:+507(2) 974-796/81
EUA
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